La política municipal no es un plató de televisión ni un ring improvisado. Es, o debería ser, el espacio más cercano donde se gestionan los problemas municipales reales de los ciudadanos: licencias, empleo, urbanismo, servicios sociales, públicos, convivencia. Por eso, cuando el debate político local se desliza hacia la confrontación personal, la amenaza o el insulto, no solo se deteriora la imagen de quienes participan en él; se resiente, sobre todo, la credibilidad de la institución y la confianza de los aroneros.

Los recientes acontecimientos vividos en el Ayuntamiento de Arona, con acusaciones cruzadas entre miembros del grupo socialista, el equipo de gobierno y funcionarios municipales del área de Urbanismo, son un ejemplo claro de cómo una escalada de tensión política puede acabar perjudicando al interés general del municipio de Arona. Y conviene decirlo con serenidad, sin exageraciones ni silencios interesados.

Según las informaciones publicadas y contrastadas en distintos medios, un técnico municipal denunció una actuación que consideró intimidatoria por parte de dos concejales de la oposición durante una visita a dependencias técnicas. El gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa, reaccionó defendiendo a los funcionarios y adoptando medidas para regular el acceso a las áreas técnicas. Desde la oposición, por su parte, se niegan las acusaciones, se cuestionan las decisiones adoptadas y se denuncia una restricción del derecho a la información y a la fiscalización política.

El resultado es conocido: tensión institucional, plenos broncos, declaraciones cruzadas y un clima que dista mucho del que necesita un municipio como el de Arona con retos económicos, urbanísticos y sociales pendientes de resolver.

Desde una perspectiva económica e institucional, estas situaciones no son nuevas. La inseguridad política, la desconfianza entre técnicos y cargos electos, y la percepción de conflicto permanente afectan directamente a la gestión eficiente de los recursos públicos. Retrasan expedientes, encarecen procesos, ahuyentan inversiones y generan una sensación de parálisis que termina pagando siempre el ciudadano, no los políticos.

Un ayuntamiento no funciona sin técnicos protegidos ni sin concejales que puedan ejercer su labor de control dentro de los cauces legales. Ambas cosas son compatibles y necesarias. El respeto al funcionario público no está reñido con la transparencia, del mismo modo que la fiscalización política no puede confundirse con la presión personal o la confrontación directa en los despachos.

Aquí conviene recordar algo muy básico, casi antiguo, pero muy eficaz: las formas importan. Importan porque protegen a las personas, pero también porque protegen a la institución. Y cuando las formas se pierden, el fondo deja de importar.

No es ingenuo apelar a la cordura; es profundamente práctico. La política local necesita menos gestos de fuerza y más inteligencia institucional. Menos ruido y más acuerdos. Menos trincheras y más sentido común.

El respeto no es sumisión, es profesionalidad. Concordia no es renuncia, es madurez democrática. Y el servicio público no se mide por el volumen de declaraciones, sino por la capacidad de resolver problemas reales sin convertir cada discrepancia en un conflicto personal.

Quienes hoy ocupan cargos públicos en Arona, ya sean del equipo de gobierno o de la oposición, no se representan a sí mismos, o solo a sus votantes o a sus partidos. Representan a una institución municipal importante y a miles de ciudadanos que esperan respuestas y soluciones, no espectáculos. El Ayuntamiento no es propiedad de nadie; es una herramienta colectiva al servicio del interés general de los vecinos de Arona.

Es legítimo discrepar. Es necesario fiscalizar. Es sano debatir. Pero nada de eso justifica la descalificación, la amenaza velada o el deterioro del clima institucional. Cuando la política municipal se convierte en un problema en sí mismo, deja de ser útil.

Arona necesita estabilidad, seguridad jurídica, claridad urbanística y una administración que funcione con normalidad. Para eso hacen falta técnicos respetados, políticos responsables y un marco de convivencia que permita trabajar, incluso desde la discrepancia con respeto.

Quizá ha llegado el momento de bajar el tono, recomponer puentes y recordar para qué se está en política local: para servir, no para imponerse; para construir, no para desgastar; para representar, no para dividir.

La cordura, el respeto y la concordia no son palabras bonitas para un discurso. Son activos institucionales. Y cuando se pierden, el coste lo pagan siempre los ciudadanos del municipio de Arona.